La UE avanza muy lentamente hacia la Unión del Mercado de Capitales, pieza clave para garantizar la estabilidad financiera de la región y por la que clama con insistencia el BCE con cada sacudida en el mercado de bonos y acciones. La última ocasión, este pasado marzo con la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank, que se llevó por delante a Credit Suisse.
Negociadores del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo han alcanzado esta semana un acuerdo que revisa la normativa actual sobre fondos de inversión con la que se pretende mejorar la liquidez de estos vehículos y darles más solidez ante momentos de turbulencias financieras, avanzar en las alternativas de financiación que plantean los fondos y también en la protección de los inversores, con el refuerzo de la transparencia.
El acuerdo es provisional y deberá ser confirmado por el Consejo y el Parlamento Europeos para su aplicación formal –está sujeto por tanto a los lentos tiempos de la maquinaria comunitaria– pero es un primer paso y el primer en el ámbito financiero que se alcanza dentro de la presidencia española, según señalan fuentes de Economía.
La propuesta normativa acordada por los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeos plantea de entrada mejoras en las herramientas de liquidez de los fondos, con nuevos requisitos que garanticen la capacidad de atender los reembolsos en los momentos de estrés financiero. Las recientes turbulencias bancarias no desembocaron en el colapso de vehículos de inversión, pero la iliquidez es un riesgo latente, que el BCE y los reguladores de los mercados financieros vigilan con atención. El objetivo es fortalecer los intereses de los inversores y también, a nivel macroprudencial, la estabilidad financiera en la UE.
Se trata del primer pacto de ámbito financiero de la presidencia española
Otro de los aspectos de la propuesta pactada tiene que ver con los fondos que originan préstamos, aquellos que conceden crédito a empresas y que suponen una fuente alternativa de financiación a empresas y pymes europeas, más allá del cauce tradicional de los préstamos bancarios. El objetivo es introducir límites de endeudamiento máximo en estos vehículos, de modo que se favorezcan esas vías alternativas de financiación pero sin descuidar la estabilidad financiera.
Otra de las medidas pactadas interviene sobre los nombres que las gestoras eligen para sus productos. La propuesta, acordada de forma provisional, pretende prevenir posibles nombres engañosos y que la denominación de los fondos no lleve a confusión. Se trata de un principio básico de transparencia, puesto que las gestoras ya han de explicar la política inversora y las características del fondo en los correspondientes folletos.
Los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeos también acordaron mejoras en la delegación de los administradores de inversores a terceros. Cada gestora que delegue parte de sus funciones deberá facilitar información periódica a las autoridades nacionales competentes sobre cómo se está llevando a cabo esa delegación y la autoridad competente deberá facilitar información a ESMA sobre los acuerdos de delegación que se hayan suscrito en su jurisdicción. La industria de la inversión colectiva ya está sujeta al escrutinio regulatorio, si bien estas propuestas buscan avanzar aún más en la protección al inversor.
El continuo control de los costes
Comisiones. La propuesta normativa, pactada de forma provisional por negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo, no pasa por alto las comisiones de los fondos. Bruselas vigila estrechamente que lo que se cobra al cliente esté justificado y se corresponda con un adecuado asesoramiento financiero, de modo que no haya conflicto de intereses y las firmas de inversión no oferten únicamente sus propios productos.
Vigilancia. Respecto a los costes indebidos en los fondos, la propuesta solicita a ESMA la elaboración de un informe completo sobre los costes y comisiones que están aplicando las gestoras. El regulador del mercado europeo ya ha reclamado en varias ocasiones más control a los supervisores nacionales sobre los posibles costes ocultos en los fondos. En España, la CNMV ya pide que las gestoras revisen cada año las comisiones y gastos que aplican.
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