Celsa, en manos de la familia Rubiralta, y los acreedores, capitaneados por Deutsche Bank y entre los que se encuentran los fondos de inversión SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital, aprovechan las últimas horas para rematar los argumentos finales que se expondrán ante el juez y que decidirá el futuro de la siderúrgica.
Este martes se celebra la última sesión del juicio, que comenzó el pasado 3 de julio, sobre la homologación del plan de reestructuración de deuda que los fondos presentaron en septiembre de 2022. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, escuchará las conclusiones finales de ambas partes del proceso, que tratarán de convencerle de por qué deben tener el control de la empresa catalana.
Por un lado, los actuales gestores de Celsa insistirán en que la empresa es solvente, tiene un plan de negocio a largo plazo y que los Rubiralta, familia que fundó la multinacional de acero en 1967, deben seguir al frente de la compañía. Por otro lado, los acreedores reiterarán la necesidad de que se apruebe el plan que presentaron –aprovechando el primer día que entró en vigor la nueva ley concursal– para dar estabilidad a la empresa, que acumula unas deudas de cerca de 3.000 millones de euros. Su propuesta de reestructuración plantea la conversión de 1.291 millones de pasivo en el 100% de las acciones de la compañía, lo que implicaría que los fondos tomaran el control.
Una semana de juicio
Estas conclusiones se desprenden de todo lo manifestado a lo largo de una semana de juicio, en el que representantes de ambas partes, auditores y expertos han declarado y, además, se han debatido sobre las conclusiones de numerosos informes periciales. Tras la exposición de los últimos argumentos, el juicio quedará visto para sentencia y habrá que esperar a conocer la decisión del magistrado sobre quién debe estar al frente de Celsa.
Las posturas son totalmente opuestas. Los actuales gestores de Celsa acusan a los fondos de querer vender los activos de la empresa –presente en ocho países– y aventuran el “desastre”, según afirmó ante el juez el vicepresidente de la compañía, Francesc Mesegué. Los fondos, no obstante, descartaron este escenario al asegurar que su intención es mantener la actividad y los puestos de trabajo, a la vez que fueron muy claros al admitir que ya buscan un nuevo consejo de administración compuesto por “los mejores perfiles del sector industrial”.
Guerra de cifras
Otro de los puntos de controversia es el valor de la empresa, pues existe una diferencia de 3.000 millones de euros en las distintas tasaciones que se han hecho.
El banco de inversión contratado por los Rubiralta, Lazard, asegura que el valor de Celsa es de 6.000 millones de euros. Y así lo ratificaron José María Jáuregui y Pedro Pasquín, presidente y vicepresidente de Lazard en España, que indicaron que su valoración era la “correcta” y que la tasación en la que se apoyan los fondos era de “baja calidad” porque no tuvo ningún contacto con el equipo directivo.
De este modo hicieron referencia, pero sin mencionarlo expresamente, a Lexaudit, designado por el magistrado para el examen de la compañía, que finalmente valoró en entre 1.800 y 2.800 millones de euros. Para llegar a esta conclusión, esta firma contó con la colaboración de Grant Thornton, que estudió las cuentas de Celsa antes de que solicitara el rescate de 550 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El socio de esta auditora Carlos Asensio recordó ante el juez que ya en la solicitud de la ayuda estatal se planteó la necesidad de una quita relevante sobre el instrumento convertible y una subordinación de un importe significativo del instrumento denominado jumbo.
En cualquier caso, estas cifras dispares no coinciden con las que otros expertos han ofrecido en sede judicial, como es el caso de BDO, que terminó cuestionando el examen de Lexaudit. En su opinión, este informe contiene “graves errores” y “defectos metodológicos” que hicieron rebajar el valor de Celsa en unos 2.000 millones. Ahora será el turno del juez tendrá que tener en cuenta todos los datos para tomar una decisión.
Otras opiniones expertas
A favor de los fondos. Según Houlihan Lokey, asesora de los acreedores, la gestión que ha tenido la siderúrgica durante los últimos años ha sido “desastrosa”. Así lo afirmó ante el juez el socio de la firma financiera Manuel Martínez-Fidalgo, que declaró la compañía como insolvente. Según explicó, la venta de todos sus activos no cubriría íntegramente la deuda. Asimismo, sobre el valor de Celsa, señaló que “si la compañía valiese lo que dice que vale no estaríamos aquí porque podría obtener financiación en el mercado”.
Celsa es “solvente”. Otro de los expertos que ha declarado en la vista oral ha sido el catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza José Antonio Laínez, que defendió la actuación de los Rubiralta. En su opinión, Celsa sí que es “plenamente solvente” porque tiene capacidad de generar recursos para hacer frente a su pasivo. De hecho, resaltó que hasta que llegó la pandemia, la compañía ha estado “atendiendo regularmente” sus compromisos financieros.
Fondo en contra. En opinión de Kutxabank, el único de los acreedores que está en el bando de la compañía, con la propuesta de los fondos, Celsa no sería capaz de afrontar el próximo vencimiento de deuda en un plazo de cinco años. Según afirmó el representante de la entidad ante el juez de Barcelona, el plan de reestructuración “no tiene ni pies ni cabeza”.
Preocupación. Los representantes sindicales del grupo, UGT y CCOO, manifestaron en un comunicado su preocupación por la seguridad de los cerca de 10.000 empleados, ya que, según señalaron, los fondos no les han dado ningún tipo de garantía de que se vayan a mantener si consiguen el control de la siderúrgica.
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