La percepción de la inversión bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) no puede ser más distinta a ambas orillas del Atlántico. Europa se ha convertido en pionera mundial en la inversión verde, con una normativa muy avanzada y fuertes entradas de dinero a fondos de este tipo. En cambio, en Estados Unidos es un asunto altamente politizado a causa de la administración de Donald Trump, y donde varios estados controlados por el Partido Republicano han emprendido batallas legales para evitar cualquier enfoque de la gestión del dinero que no sea puramente financiero.
Quizás, el episodio más sonado en esta batalla anti-ESG es lo sucedido en Florida. El director financiero del estado, controlado por los republicanos, anunció en diciembre que retiraban al todopoderoso BlackRock un mandato de 2.000 millones de dólares para gestionar parte del dinero de sus funcionarios, porque la gran gestora sí que tiene en cuenta en sus políticas de inversiones factores sociales y ambientales.
En este caso, los importancia de los dos antagonistas da idea del calado del debate. BlackRock es la mayor firma de gestión de inversiones del planeta, con 10 billones de euros administrados en todo el mundo, y se ha declarado como una firma defensora del enfoque ESG. Florida está gobernado por Ron DeSantis, una de las estrellas emergentes del partido republicano y de los pocos que parece capaz de hacer sombra a Donald Trump. Desde BlackRock restan importancia a este movimiento y recuerdan que es una parte ínfima del dinero que gestionan.
Si Florida representa el ala más moderada del partido republicano, es fácil imaginarse el rechazo que las políticas ESG causan en Estados con gobernadores más ‘ultra’. Uno de ellos es Utah, donde el 66% de la población sigue el credo mormón. Allí, el fiscal estatal, Sean Reyes, ha emprendido un proceso legal contra el departamento de Trabajo del Gobierno federal argumentando que no pueden permitir que se tenga en cuenta criterios ESG en los planes de pensiones para la jubilación, los conocidos como 401(k).
A esta demanda para restringir la expansión de la inversión sostenible se han sumado otros 24 estados. Casi todos con gobernador republicano. También Kentacky y Lousiana, con Gobernador demócrata, tienen aún fiscales republicanos.
Jens Peers es director de inversiones de la gestora Mirova en Estados Unidos, una firma especializada en estrategias ESG. A su juicio, el principal responsable de la animadversión que hay allí contra la inversión verde es Donald Trump. “Durante su mandato se prohibió que estos criterios extra financieros fueran tenidos en cuenta en los planes de pensiones, lo que hizo que gestores y asesores perdieran interés”. Ahora, la administración de Joe Biden está tratando de revertir la situación, pero se ha encontrado con una fuerte oposición por parte de los estados republicanos.
La batalla anti-ESG no solo se desarrolla en los tribunales. En el Congreso, Biden intenta sacar adelante esa legislación que sí que permita a los gestores tener en cuenta los factores ambientales y sociales, pero cada vez encuentra más oposición. A comienzos de marzo, el Senado logró frenar esta normativa gracias a la traición de dos senadores demócratas, que votaron con los republicanos. Desde el partido derechista se señala al presidente de EE UU como un peligroso izquierdista por tratar de promover este tipo de inversiones que buscan mitigar el impacto del cambio climático. Ahora Biden tendrá que utilizar el veto presidencial por primera vez si quiere sacar adelante el proyecto.
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