Las sociedades de capital riesgo (SCR) están atrayendo cada vez más el interés de familias ricas y grandes inversores. En lo que va de año se han registrado en la CNMV 35 de estas sociedades, sumando ya 354 fondos. Esto supone que el número total casi se ha duplicado desde 2018, mientras las sicavs se han ido desmantelando. La Comunidad Valenciana está liderando este movimiento.
En puridad, las sicavs y las SCR son vehículos muy distintos. Las primeras fueron durante muchos años el instrumento favorito de los grandes patrimonios españoles para invertir en Bolsa y en otros activos cotizados. En cambio, las segundas están pensadas para invertir en activos privados, como empresas que no están en Bolsa, deuda privada o infraestructuras. El número de sicavs, por su parte, se ha desplomado durante los últimos meses debido a un cambio legislativo que las hace menos atractivas fiscalmente.
Joaquín Casasús, director general de Abante Asesores, explica que el tirón de las sociedades de capital riesgo “tiene que ver sobre todo con un mayor interés en el mundo de la inversión por los activos alternativos a la Bolsa y a los bonos, porque permiten descorrelacionarse de la evolución de los mercados financieros y obtener nuevas fuentes de retornos”.
Levante
Dos de las últimas SCR registradas son BC Activos Privados y Blastes Actius Privats. Las firmas están impulsadas por dos directivos del grupo industrial Altadia, con sede en Castellón. También hace unas semanas se ha lanzado al capital riesgo la familia que controla Asfaltos Chova, con la creación de Chova Equity Investments.
En enero habían aterrizado a este tipo de inversiones la familia Baringo, fundadora de Pinchos Jovi (una empresa muy vinculada a Mercadona), con el registro de BG Vinculum Private Equity. Y en febrero la familia murciana Vivancos Muñoz (dueños de la empresa de plásticos Mivisa y de la promotora Hispavima), con el registro de Hispavima Capital Privado SCR.
Casasús, de Abante Asesores, considera que estos movimientos se producen también “porque el universo del capital riesgo ha madurado mucho en España, cada vez hay más opciones de inversión, todas ellas muy profesionalizadas”.
Las vías para invertir en alternativos
- Sociedades. Las sociedades de capital riesgo permiten invertir en vehículos no cotizados, bajo un paraguas societario. Son vehículos de inversión cerrados. Las SCR tienen un consejo de administración y pueden ir marcando libremente el ritmo de captación de recursos (con ampliaciones de capital), inversiones y reembolsos.
- Fondos. En los fondos de capital riesgo no hay consejo de administración. El vehículo pacta con los partícipes un calendario de aportaciones. Cuando hay llamadas, todos los dueños del fondo tienen que atender la aportación. El periodo durante el que hay que mantener la inversión suele superar los ocho años. Si se intenta salir antes de tiempo hay penalizaciones.
- Fondo de fondos. Hay fondos de capital riesgo que se dedican a invertir en otros fondos de este mismo tipo de activos. Esta fórmula es más cara (doble capa de comisiones), pero permite diversificar más.
Hay algunas de estas SCR que invierten en capital semilla (empresas recién constituidas), otras se especializan en venture capital (startups y empresas con alto potencial de crecimiento y elevado nivel de riesgo, a cambio de un porcentaje de la empresa). Otras SCR lo que busca son compañías ya maduras que necesitan financiación para sus planes de expansión o reestructuración. En algunos casos, las SCR invierten en otras sociedades de capital riesgo, o en fondos de capital riesgo.
Además de las sociedades de capital riesgo ligados a familias de emprendedores, también han surgido en los últimos años muchas firmas de este tipo impulsadas por gestoras que quieren dar acceso a un grupo variado de clientes.
A&G Banca Privada, Abante Asesores, Alantra, Amchor Global y Arcano son algunas de las gestoras que han lanzando vehículos de este tipo en 2023.
Hasta ahora, la inversión en capital riesgo ha estado muy limitada a grandes inversores, porque los mínimos de aportación solían superar los 100.000 euros. Ahora, con una nueva normativa este se ha reducido a 10.000 euros, pero pocas entidades están adoptando un mínimo tan bajo.
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