Un salón del Hotel Wellington de Madrid reúne a los miembros de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones en España. En conjunto, los vehículos que administran suman más de 500.000 millones de euros de patrimonio. Y hay un tema que sale en todo los corrillos: la pretensión de la Comisión Europea de dar tres años al sector para que reduzca sus comisiones.
Inverco celebra su asamblea anual y, tanto en las sesiones privadas (donde se aprueban las cuentas y el programa de actividades), como en la sesión abierta a los medios, la cuestión de la nueva normativa europea para el fomento de la inversión de clientes minoristas, es el tema que más preocupa a los gestores de activos. Desde los más grandes, CaixaBank AM, Santander AM, BBVA AM… a las entidades más pequeñas.
El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, es muy contundente en su juicio sobre la propuesta de la comisaria Mairead McGuinness: “la nueva estrategia de inversión minorista va en contra de la libertad de elección del cliente financiero. La mayoría de los europeos no paga de forma explícita por acceder a servicios financieros, sino que lo hace de forma implícita, lo que se puede ver muy limitado con la propuesta de la comisión”.
El principal eje de Bruselas pasa por incentivar la comercialización de fondos de inversión por medio de asesoramiento independiente. En estos casos, el cliente paga una factura a su banquero o asesor porque le recomiende qué activos elegir. Sin embargo, lo más habitual es que el banco recomiende una serie de fondos y que se quede con una parte de la comisión de gestión que se carga dentro del propio fondo de inversión. El cliente no se da cuenta, pero está pagando tanto a quien le gestiona el fondo como a quien se lo ha vendido.
“Tan solo en Países Bajos tienen un modelo de asesoramiento puro. El 96% de los ciudadanos europeos no está en este modelo. Y con la propuesta parece como si no quedara otra opción”, apunta Martínez-Adlama. A su juicio, empujar al sector bancario a ese modelo provocaría que muchos clientes quedaran desatendidos porque no alcanzan un nivel de patrimonio como para ser atractivos para la entidad financiera, “tal y como sucedió en Reino Unido”.
El caballo de batalla de la Comisión es la cuestión de los costes. Bruselas quiere obligar a las entidades a tener que justificar que están cobrando unas comisiones justificadas de acuerdo con un referente sectorial, un benchmark. “No está muy claro cómo se va a crear ese referente, y creo que al final acabará afectando a las entidades de tamaño medio y las que no han apostado por la gestión discrecional de carteras”.
Martínez-Aldama también ha pedido que la normativa que salga de las instituciones comunitarias debe reconocer que “no todo trata de comisiones”. A su juicio, una entidad que vende fondos puede demostrar que está aportando valor añadido a un cliente con la buena perfilación y asesoramiento, o con el acceso a una amplia gama de fondos, “y no solo porque esté ofreciendo fondos con bajas comisiones”.
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