Educación financiera

Salvar el asesoramiento financiero y proteger los intereses del inversor minorista

Cuando entró en vigor la directiva comunitaria Mifid II, en enero de 2018, uno de los objetivos era, por un lado, aumentar la transparencia en los mercados financieros, obligando a presentar de forma más clara los productos y activos y, por otra parte, adoptar un sistema de precios fijando que las comisiones solo pudieran ser percibidas por los intermediarios que acreditasen que realmente aportan un valor añadido al servicio ofrecido al inversor, a través de una buena labor de asesoramiento.

También cabe recordar que el marco que perseguía Mifid II era el de un modelo de mercado abierto, aunque haya existido en ocasiones la presunción errónea de que la normativa trataba de propiciar un cambio hacia el asesoramiento independiente o de retribución directa del cliente al asesor, tildando al no independiente o de cobro de retrocesiones como de “mal o peor asesoramiento”. Quizá por una falta de labor didáctica desde la industria, no se terminó de entender que lo que Mifid II perseguía era unos servicios financieros eficientes, seguros y que protegieran al inversor, basados en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses, a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos de inversión.

Lo cierto es que el inversor minorista necesita contar con información clara sobre los costes y gastos del asesoramiento que recibe y sobre el alcance de estos, pero eso no implica que priorice si se trata de un asesoramiento independiente o no independiente. Su verdadera preocupación es lograr contar con un servicio que le ayude a lograr sus objetivos financieros, planteados en base a su perfil de riesgo, horizonte temporal, y preferencias y situación personal.

La Comisión Europea está preocupada porque en el continente ahorramos mucho, pero invertimos poco. Una realidad más palpable aún en España, por la histórica falta de educación financiera y dedicación a las finanzas personales, por la escasa valoración de la profesión de asesor, así como probablemente por la intensa bancarización del país, lo que ha empujado a adoptar estrategias de ahorro excesivamente conservadoras. En los últimos años, mantener en depósitos y cuentas corrientes sin remuneración una parte tan importante del ahorro, -un billón de euros a finales del pasado año-, ha provocado un empobrecimiento de la ciudadanía, en un escenario de tipos en mínimos y a pesar de una inflación moderada. Las autoridades europeas han decidido dar un vuelco a esta situación, impulsando la inversión de los particulares, y con ello poniendo más capital privado a disposición del sistema empresarial, especialmente de las pymes. Se trata de confrontar la hasta ahora insuficiente participación de clientes minoristas en los mercados financieros y la falta de alternativas de financiación a las bancarias para las empresas pequeñas y medianas. Fruto de este empeño nació la Unión del Mercado de Capitales y en particular la denominada Estrategia de Inversión Minorista, iniciativa mediante la que la Comisión Europea ha incluido como objetivo proteger al inversor minorista, elevando la calidad del asesoramiento en materia de inversión, abrir los mercados a una mayor competencia y eficiencia de costes, y mejorar la transparencia y el acceso a la información de productos.

La propia Comisión Europea reconoce el papel clave del asesoramiento financiero, como el motor más importante de las decisiones de los inversores minoristas. Su protagonismo se ha visto reforzado gracias a su compromiso por la excelencia en el servicio ofrecido, por su exigencia de cualificación y desarrollo profesional continuo, y por su esfuerzo por mejorar los niveles de educación financiera del cliente. Sin embargo, el borrador de esta estrategia del inversor minorista, y la toma de posición de algunos miembros de la Comisión Europea, aboga por la prohibición de los incentivos desde las gestoras al asesoramiento. Esto podría expulsar, de facto, del acceso a asesoramiento altamente cualificado e impartido bajo estándares éticos, a todos aquellos inversores particulares que tratan de tomar las mejores decisiones de ahorro e inversión para optimizar sus finanzas y que desean seleccionar sus preferencias en materia de sostenibilidad o encarrilar su ahorro para la jubilación, en un escenario crecientemente complejo que exige esta labor de ayuda profesional. De llevarse a cabo esta amenaza, los pequeños inversores, que son mayoritarios, se verían abocados a una brecha de asesoramiento, el llamado advice gap en la distribución financiera, tal y como sucedió con la prohibición de cobrar retrocesiones en el Reino Unido. Sin duda, todo ello iría en perjuicio de la libertad de elección del consumidor financiero y del servicio recibido.

Para lograr proteger al cliente final, lo importante es incentivar la convivencia de diversos modelos de negocio en la distribución financiera para garantizar un asesoramiento de calidad en libre concurrencia para cada tipo de inversor, asegurando la protección del cliente en toda la vida del producto, mejorando la gobernanza y la evaluación de la idoneidad.

Por supuesto, hay que abogar por mejorar aún más la calidad del asesoramiento a nivel general, garantizar que los asesores sigan cumpliendo los exigentes requisitos en términos de conocimientos y competencia, y asegurar que el cliente esté bien informado y comprenda el asesoramiento para obtener así los mejores resultados en su inversión, más allá del sistema de remuneración del consejo profesional.

Ha de ser el cliente el que decida con quién contrata y las condiciones que establece con su entidad, que deberán ser claras, especialmente en cuanto a costes, gastos y retribución del asesor. Convendría que el gobierno español, como han hecho otros en Europa, se sitúe de este lado y comunique a la Comisión el error que significaría abolir las retrocesiones, que sería casi abolir el asesoramiento. El inversor ya ha sido en demasía víctima de la represión financiera del ahorro generada por la laxa política monetaria. No ahondemos más en ello.

Josep Soler Albertí es delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa

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